La Justicia quiere extender la pena de prisión por accidentes laborales

El organismo judicial condena a un empresario a dos años de prisión y a una multa de 10 meses por un delito de imprudencia grave contra los derechos de los trabajadores. El empresario, además, deberá pagar 207.346 euros al trabajador accidentado.

La sentencia no se apoya en la existencia de víctimas mortales fruto de la siniestralidad laboral, caso para el que las penas de prisión ya se han aplicado en España. El parte médico del empleado refleja una incapacidad permanente absoluta, con "deterioro global de diferentes funciones superiores".

El trabajador cayó desde una altura de ocho metros al ceder una estructura de uralita por la que caminaba.

Algunos de los despachos de abogados conocedores de la sentencia no han tardado en hacer saltar las alarmas. El fallo eleva el primer veredicto, realizado en este caso por un juzgado de lo Penal, en el que no se alcanzaba esta dureza. Y, por si fuera poco, sucede justo cuando Juan Manuel de Oña Navarro, fiscal especial de Sala coordinador de siniestralidad laboral del Tribunal Supremo, ha abogado en unas reuniones de trabajo en Oviedo -hace menos de un mes- por el endurecimiento de las penas condenatorias a prisión para los empresarios que incumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

De Oña anunció en ese foro, además, que se pretende promover una ley integral similar a la de lucha contra la violencia de género para atajar la siniestralidad y preconizó la necesidad de avanzar hacia la especialización de jueces en la materia para que la respuesta frente a los accidentes sea más adecuada y más rápida que en la actualidad.

La postura de la Fiscalía, unida a la reciente sentencia, ha caído como un jarro de agua fría en un país en el que suceden casi un millón de accidentes laborales al año. Especialmente, porque los cambios empiezan a ser excesivos como para ser asumidos en tan poco tiempo.